Tras la campaña de los obispos y las palabras del papa en Camerún afirmando que el uso del preservativo no soluciona el problema del SIDA, han aparecido miles de respuestas en distintos sectores siendo la red el campo de batalla de un debate muy intenso. Uno de los movimientos con más seguimiento es la campaña de Las Linces. Te ofrecemos alguna de estas imágenes e información sobre lo que realmente se está debatiendo porque con tanto ruido no se permite oir el verdadero mensaje. Tenemos que estar informados.
En 1995 las Naciones Unidas declararon que los derechos humanos de las mujeres incluyen su derecho a ejercer el control y decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad, incluyendo su salud sexual y reproductiva. Así, instaron a los países a reformar sus legislaciones para garantizar los derechos de las mujeres en este sentido.
El resto de países de Europa ya lo hicieron, centrándose en el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, al igual que de los hombres. La mayoría optaron por el mismo modelo que hoy se propone en España, un modelo mixto de ley de plazos e indicaciones.
El Gobierno plantea la necesidad de responder esta demanda ciudadana, y decidió poner en marcha los mecanismos que permitan alcanzar el consenso necesario ante una Ley tan importante. Para ello, se constituyeron una Comisión de Expertos independientes y de prestigio profesional, y una Subcomisión Parlamentaria en la que participan los diferentes grupos políticos. De este modo se ha contado con la opinión de un número de voces representativas, plurales y acreditadas de nuestro país, sumadas al conocimiento y la experiencia de los expertos en la materia.
El informe de esta comisión de expertos dice que debemos legislar, al igual que los países vecinos de la UE, bajo el respeto de los Derechos Humanos de la mujer, incluidos los derechos sexuales y reproductivos. Así, es la primera ocasión en que por fin, se primará el derecho a decidir de la mujer en condiciones seguras, médicamente adecuadas y sin consecuencias penales, sobre un embarazo no deseado.
Los plazos e indicaciones que proponen para la nueva Ley son: que exista consentimiento expreso de la mujer embarazada, que la prestación se lleve a cabo por un médico y en centro público, concertado o privado acreditado.
Sólo en casos excepcionales, en los que exista grave peligro para la vida o la salud de la embarazada o se detecte graves anomalías en el feto, se permitiría interrumpir el embarazo hasta la semana 22 de gestación.
En relación al caso de las menores de 16 años hay que precisar que, actualmente pueden interrumpir un embarazo no deseado con el consentimiento de sus representantes legales, pero los expertos plantean que según la ley de autonomía del paciente, el consentimiento de un menor es relevante respecto de cualquier prestación sanitaria con tal de que comprenda el acto médico al que se somete y que ambos supuestos son incoherentes entre sí. Explican que si a partir de los 16 años tienen responsabilidad penal, pueden casarse y tener hijos, se reconoce la plena libertad sexual de los menores a partir de los 13 años, edad en la que pueden consentir relaciones, deben poder decidir también si no siguen adelante con un embarazo no deseado.
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